Por: Juan Carlos Toro Puerta, Abogado Mg – CEO de la firma TG.
En momentos de Polarización enmarcada dentro del desconocimiento político, en donde se aduce la existencia de una Izquierda Radical y una Supuesta Derecha Radial, Colombia vive uno de esos momentos en los que la política vuelve a estar a la vuelta de la casa, del negocio, de la mesa familiar y de la conversación cotidiana.
Y no podríamos decir que se trata solo de campañas, encuestas, reformas o discursos encendidos: se trata de la sensación profunda de un país que quiere ser escuchado, pero que con frecuencia termina siendo utilizado, y aunque a gritos silenciosos se mueve, los asociados inician un proceso con letargo pero conscientes de que la política debe primar frente a la politiquería, o al menos ese es nuestro sentir.
En la antesala de un nuevo ciclo electoral, Colombia aparece atravesada por problemas que no son nuevos, pero que hoy vuelven a aparecer y se sienten más urgentes: nuevamente la reiterada inseguridad en regiones y ciudades, la desconfianza en las instituciones, el cansancio frente a la corrupción, la incertidumbre económica, las reformas sociales inconclusas, la polarización que divide familias y comunidades, y una ciudadanía que mira a sus dirigentes con una mezcla de esperanza, rabia y agotamiento.
La política, en un sentido más amplio, debería ser tomada como deber ser, el arte de organizar la vida en sociedad. Es la posibilidad de convertir los desacuerdos en decisiones, las necesidades en programas, los impuestos en obras, las promesas en resultados y la voz ciudadana en políticas públicas.
La política realmente no consiste en gritar más duro ni en destruir, al contrario; consiste en gobernar con responsabilidad, explicar con honestidad y reconocer que ningún país se construye desde el odio permanente, ni con amor falaz, ni con señalamientos perversos de unos contra otros.
Una política o un político serio no le teme al control ciudadano, a la prensa, a los jueces ni al Congreso. Tampoco convierte cada crítica en persecución ni cada desacuerdo en traición.
La política verdadera entiende que el poder es temporal, que el Estado no es una finca privada y que los recursos públicos no son un botín para repartir entre amigos, cuotas o clanes, y mucho menos para llenar los bolsillos de quienes detentan los cargos de dignidad por lo que fueron elegidos.
La politiquería, en cambio, es la deformación de la política. Es el discurso que se disfraza de pueblo mientras negocia por debajo de la mesa.
Es la promesa fácil en campaña y el silencio cómodo después de la elección. Es el puesto entregado como un favor gigante, el contrato usado como recompensa, el presupuesto convertido en herramienta electoral y la indignación fabricada para distraer de lo importante de lo esencial.
En Colombia, la politiquería ha aprendido a cambiar de lenguaje sin cambiar de conducta. A veces habla de cambio; otras, de orden.
A veces se viste de izquierda; otras, de derecha o de centro. Pero su método se parece demasiado: dividir para ganar, prometer para seducir, culpar para no responder y repartir favores para conservar poder.
Por eso el problema no está únicamente en una ideología, sino en una cultura socialmente aceptada, la de la política que premia al más hábil para acomodarse y castiga al ciudadano que exige coherencia.
El debate nacional parece atrapado entre extremos que se necesitan mutuamente. Es una lógica permanente pues unos gobiernan señalando a los anteriores; otros hacen oposición esperando que todo salga mal para volver al poder.
Y mientras tanto, en el salón de la injusticia, el ciudadano de a pie no vive en una consigna: vive en el mal precio del mercado, en la cita médica ausente o que no existe por falta de agenda, en la carretera insegura, pero costosa y mal mantenida por las concesiones, en el joven sin empleo, y con pocas oportunidades reales, en el campesino que si logra vender su cosecha, lo hace a precios irrisorios que no le permiten el sustento para esa familia de mas de 10, en el comerciante que paga impuestos dobles, unos legales y otros disfrazados (que se denominan extorsiones o ayudas para la seguridad), en la madre que teme por sus hijos y en el empresario que quiere invertir sin sentir que el país cambia de reglas cada semana.
Colombia no necesita una política de frases bonitas sino una política de resultados verificables. No necesita líderes que se crean salvadores, mártires o caudillos ya malgastados por la misma historia, sino servidores capaces de formar equipos, respetar límites, escuchar datos, corregir errores y convocar a quienes piensan distinto.
La política real no es tibieza: es carácter con responsabilidad. No es neutralidad frente a la corrupción: es firmeza sin gritos ni espectáculo. No es resignación ante la violencia: es presencia integral del Estado, justicia, oportunidades y autoridad legítima, pero para toda la sociedad y no solo para los niveles centrales o las ciudades capitales.
La política real que hoy no se vislumbra en Colombia tendría que empezar por una renuncia: renunciar al cálculo pequeño.
Renunciar a usar la pobreza como discurso sin resolverla.
Renunciar a invocar la seguridad solo en campaña.
Renunciar a convertir la paz en eslogan o la fuerza pública en bandera electoral.
Renunciar a la corrupción propia mientras se denuncia la ajena.
Renunciar, sobre todo, a tratar al ciudadano como masa manipulable cada cuatro años.
Una política real tendría que decir la verdad, aunque sea difícil, incluso cuando la verdad no dé votos: que no todo puede financiarse al mismo tiempo; que la seguridad no se recupera solo con discursos; que la empresa privada no es enemiga del bienestar social; que el Estado social no puede existir sin eficiencia; que la justicia social fracasa cuando se vuelve burocracia; que el orden sin derechos se vuelve abuso; y que los derechos sin instituciones sólidas se quedan en papel.
Desde una mirada jurídica, y especialmente desde el derecho penal, la polarización tiene un riesgo enorme: convertir la justicia en una herramienta de aplauso o de venganza, misma que hoy ha venido siendo mal usada, con amenazas durante todo el periplo, y con actuaciones falaces en virtud del desconocimiento propio de acciones internacionales que no son sujeto de realización real.
Cuando el país se divide entre bandos que solo creen en la justicia si confirma sus prejuicios, el proceso penal deja de ser comprendido como un escenario de garantías y empieza a ser tratado como un marcador político.
Entonces, si el investigado pertenece al sector contrario, se pide castigo inmediato; si pertenece al propio, se denuncia persecución.
Esa doble moral debilita el Estado de derecho.
El derecho penal no puede funcionar al ritmo de las redes sociales ni de los titulares. Su tarea no es satisfacer posiciones colectivas, sino proteger bienes jurídicos, investigar con rigor, juzgar con independencia y sancionar cuando existan pruebas suficientes.
En una democracia seria, la presunción de inocencia, el debido proceso, la legalidad, la defensa técnica y la imparcialidad judicial no son obstáculos para combatir el delito; son precisamente las condiciones que impiden que el poder castigue por conveniencia, presión o revancha.
Colombia necesita una política criminal menos emocional y más seria. No basta con aumentar penas cada vez que un delito indigna al país, ni con anunciar reformas penales como respuesta inmediata a la presión pública, o por solo intereses politiqueros.
La seguridad exige investigación eficaz, fiscales fortalecidos, jueces con independencia, cárceles que no reproduzcan criminalidad y una política pública capaz de distinguir entre prevención, sanción, resocialización y protección real de las víctimas.
La politización de la justicia penal es una forma sofisticada de politiquería. Ocurre cuando un expediente se convierte en bandera electoral, cuando una captura se celebra antes de conocer las pruebas, cuando una absolución se interpreta como pacto oscuro sin leer la sentencia, o cuando se ataca a jueces y fiscales por no decidir conforme al deseo de una corriente política.
Allí el derecho deja de ser límite al poder y corre el peligro de convertirse en instrumento del poder.
Y como es más cómodo decir que todo depende de los políticos, porque somos una sociedad facilista y aletargada por la economía cognitiva. La ciudadanía también tiene una tarea pendiente: dejar de premiar al que regala favores, al que compra aplausos, al que insulta mejor, al que promete imposibles o al que convierte el miedo en programa de gobierno.
Votar no puede seguir siendo un acto de rabia, de costumbre o de intercambio. Votar debe ser una decisión ética, informada, socialmente valorada y analizada y vigilante.
El país necesita ciudadanos menos hinchas y más exigentes.
Menos dispuestos a defender errores por lealtad partidista y más capaces de pedir cuentas, incluso a quienes apoyaron.
La democracia no se fortalece cuando una tercera parte del país celebra la caída de la otra tercera parte, ya que la otra tercera solo espera lo que pase sin comprometerse y por eso estamos así, aunque podríamos estar peor; se fortalece cuando todos entienden que el deterioro institucional, la corrupción, la violencia y la pobreza terminan cobrándole factura a la nación completa, ósea a todas las terceras partes.
Desde esta mirada, podríamos decir que la posición es clara: Colombia necesita menos politiquería y más política con sentido humano, técnico y moral.
Necesita liderazgos que no administren resentimientos, sino soluciones; que no conviertan al adversario en enemigo, sino en interlocutor; que no usen el Estado para imponer una visión personal, sino para garantizar derechos, seguridad, oportunidades y confianza.
No se trata de pedir una política perfecta, pero sí de buscarla.
Se trata de exigir una política decente. Una política que mire a las víctimas sin utilizarlas, a los empresarios sin estigmatizarlos, a los jóvenes sin prometerles futuros imposibles, a las regiones sin visitarlas solo en campaña y a los pobres sin convertirlos en escalera electoral.
Colombia no está condenada a escoger eternamente entre miedo y rabia.
Puede escoger con responsabilidad.
Puede exigir acuerdos sin renunciar a principios.
Puede castigar la corrupción sin importar de qué partido venga.
Puede defender la institucionalidad sin cerrar los ojos ante sus fallas.
Puede, si quiere, empezar a distinguir entre quienes hacen política para servir y quienes hacen politiquería para permanecer, lo que estadísticamente podría ser un 80% sin temor a equivocarnos.
La pregunta, entonces, ¿no es solo quién gobernará?
¿La pregunta de fondo es qué tipo de país estamos dispuestos a tolerar?
Porque mientras la politiquería siga siendo rentable, la política real seguirá pareciendo una excepción lejana o un sueño sin cumplir.
Y Colombia, con todo su dolor y toda su fuerza, merece que esa excepción se convierta por fin en el camino y con el dolor de una sociedad se exija que sea así, pues lo que debe ser es la política y no la politiquería que hoy hace parte de este acalorado clamor de supuestas derechas e izquierdas, porque todo siempre es susceptible de empeorar, no creo que es lo que quisiéramos esperar.
