Por: Dr. Ernesto Amezquita Camacho
Doctor En Derecho Y Ciencias Sociales.
Luego del atentado con cara de atraco y hurto de que fui objeto en mi propia residencia, que
me hicieran para tratar de callarme en vísperas electorales del pasado 21 de junio, retomo
mis advertencias al país sobre aspectos que son vitales para la comprensión del momento
histórico actual: el hecho de que toda la maquinaria del Estado, a la que ÁLVARO GÓMEZ
HURTADO llamara el poder del establecimiento, más los dueños de la economía con sus
medios de información, quienes se adelantaron incluso en avalar el fraude y a reconocer lo
irreconocible, dándole cierta legalidad por los aparentes procedimientos seguidos, no
significa que su origen y actuaciones estén revestidos de legitimidad.
Cuando una ley, que muchas pueden ser injustas, viola principios constitucionales y busca
priorizar el interés particular sobre el interés general, ella no solo puede ser declarada
inexequible posteriormente, sino que pierde su legitimidad política, económica, social o
cultural. En los propios Estados Unidos, el porte de armas es legal en la mayoría de los
estados, mientras que, en Colombia, NO.
La ley es, ante todo, formal y fuente de derecho muchas veces, como la jurisprudencia o la
doctrina; sin embargo, si no es aprobada conforme a los procedimientos propios de un Estado
de derecho y sancionada por el Ejecutivo, no podrá entrar en vigencia, y menos aún si,
sometida a control constitucional previo, la Corte no la declarara exequible.
La extradición, por ser una institución mixta, judicial y política, se está aplicando sin que
exista tratado de extradición vigente, pero el presidente puede rechazarla, aun con concepto
favorable de la Corte.
En síntesis, no toda ley es legítima ni toda actuación legítima puede ser legal. Ejemplo: una
sociedad gremial, sindical o comercial es legítima por su propia constitución y conformación,
a través de una asamblea general que así lo decide, pero no será legal si no se inscribe y se
siguen los trámites para el reconocimiento jurídico que establece el Estado.
La legalidad es establecida por norma positiva escrita; la legitimidad conlleva aceptación
ética, moral y social que tenga una autoridad por consenso comunitario, justo, correcto y
aceptado por un pueblo.
Las leyes de la esclavitud o de apartheid eran legales en su tiempo, pero jamás legítimas. Las
normas antiinmigración puedan que sean legales, pero siempre ilegítimas, pues son contrarias
a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No hay seres humanos ilegales en
ninguna parte del mundo, así sean indocumentados.
El actual jefe de Estado, elegido con aparente legalidad, con IA, algoritmos, hackers, bots,
redes neuronales artificiales, fuerzas extranjeras y medios de opinión, al desarrollar sus
planes de gobierno, busca descuadernar nuestra estructura republicana y viene promoviendo,
en la práctica, la federalización para gobernar con alcaldes y autoridades regionales, sobre
todo en lo atinente con el manejo de las regalías.
La presencia de tropas extranjeras que vulneran nuestra soberanía pretende hacer, entre otras
arbitrariedades de su errática política exterior, un desconocimiento práctico al Congreso,
tratados y convenios internacionales y, por supuesto, al Estado social de derecho.
Preocupa sobremanera el retroceso constitucional al vulnerar nuestra soberanía territorial,
jurídica e incluso alimentaria, siendo de paso necesario llamar la atención sobre el politizar
la reconstrucción del reciente terremoto e incendios en nuestras poblaciones, que, si no se
exige y controla, terminará en manos de los amigos nacionales y extranjeros de los grandes
monopolios de siempre.
Otro tanto hay que alertar sobre la revocatoria, por vía ejecutiva, de derechos adquiridos en
materia laboral y pactos incorporados a la Constitución y al bloque de constitucionalidad,
como los acuerdos de paz del 2016 o la ruptura con el Estatuto de Roma (Ley 742 del 2002)
y la CPI.
Se avizora mayor politización y regionalización de la justicia que, por supuesto, al igual que
el archivo de la ética y la meritocracia, serán extrapolados por los corifeos y bufones que
vienen adulando al actual mandatario.
Nos esperan repúblicas independientes como la del Caribe, del Valle del Cauca, de
Antioquia, que han sido superadas por la historia, pero sueño de muchos chovinistas y
populistas.
Independientemente de los muchos errores del gobierno anterior, que sí los hubo, que
facilitaron la llegada al poder de la ilegitimidad, el futuro de la nación, de los avances
sociales, de la paz y de la democracia misma, son indescifrables. Esta es la radiografía que
presenta el país desde el pasado 07 de agosto del 2026, cuando se legalizó, sin ser legítima,
a un presidente, quien viene pretendiendo politizar a las Fuerzas Armadas y de Policía, para
después utilizarles con fines protervos, originados desde el exterior y las altas élites del poder
económico colombiano.
Por otro lado, evocando a Eduardo Galeano, estamos frente a un típico modelo de “el mundo
al revés”, en donde, por ejemplo, unos somos los que hacemos grandes movilizaciones y
votamos, y otros los que ganan elecciones e imponen presidentes.
Volvimos a la época de los años 70, cuando el pueblo eligió al candidato de la Alianza
Nacional Popular, ANAPO, y posesionaron al candidato conservador del Frente Nacional.
He ahí la importancia de abrir los ojos a las generaciones venideras, pues la indignación de
los colombianos pensantes será cada día mayor durante este aciago periodo.
